César Zamora Vento, economista y analista político, dijo que los riesgos del avance de la minería ilegal en Cajamarca son el incremento del crimen, de la pobreza y la contaminación ambiental, a diferencia de la inversión sostenible que trae desarrollo y bienestar a la región. Precisó que existen los mecanismos para combatir a la minería ilegal, pero las autoridades regionales no se atreven a utilizarlo por temor, complicidad o componendas.
“Los riesgos son crimen, asesinato, pobreza, depredación de los recursos naturales de manera indiscriminada. No es la inversión el principal enemigo del medio ambiente. El principal enemigo de los recursos naturales y del medio ambiente es la pobreza. La gente pobre tiene que utilizar todo lo que está a mano, árboles y manantiales, todo lo que esté a la mano para poder comer en el día y al final terminan depredando”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Advirtió que la minería ilegal está avanzando en Cajamarca. “Por ejemplo, en la zona donde antes era Conga en Sorochuco, Huasmín o Cajabamba y posiblemente ya se esté extendiendo hacia la zona de Chota. Se menciona que Quilish era una de las reservas más importantes de oro en la década en el 2000-2005 también estaría siendo trabajado de manera ilegal para extraer esos minerales con consecuencias medioambientales, económicas y sociales”, indicó.
Remarcó que la minería legal es practicada por delincuentes y criminales. “No son personas que actúan dentro del margen de la legalidad. Segundo, que viene siendo permisible, porque siendo una competencia de los gobiernos regionales siempre miran de costado el problema de la minería ilegal porque han recibido alguna prebenda en las campañas políticas o por cualquier motivo”, afirmó.
Manifestó que no hay una política clara y definida por parte de los sectores responsables de fiscalizar las actividades de la minería informal. “La minería ilegal no solamente tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas. También tiene que ver con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y otros ministerios que tengan que asumir el rol aparte de las instituciones de justicia y del orden y de la seguridad ciudadana”, expresó.
“Si es un crimen tiene que actuar la justicia, si hay que reprimir está en las fuerzas del orden, si hay que hacer una acción política para concientizar a la gente de que esas actividades no pueden seguir funcionando, está la parte política por el gobernador regional y todas las instituciones que tengan que ver dentro del gobierno regional para poder este contener esta situación”, aseveró.
Remarcó que existen los mecanismos para combatir a la minería ilegal, pero las autoridades regionales no se atreven a utilizarlo por temor, complicidad o componendas. “Si el gobierno regional, que es competente en este caso de la minería ilegal e informal, no puede hacer absolutamente nada, le corresponde al Congreso de la República establecer un marco jurídico más severo a fin de contrarrestar esta actividad ilícita”, apuntó. Señaló que en una inversión y en un desarrollo económico sostenible no se tendría que estar afectando al límite los recursos naturales. “Si las instituciones no trabajan para resolver problemas de la pobreza en lugares como Cajamarca y otros del sur estaríamos condenándolos a depredar los recursos naturales y el medio ambiente y estaríamos echándole la culpa a quienes no la tienen que es la inversión responsable y fiscalizada”, subrayó.