JUSTICIA: Se puede trazar un paralelo en los casos Susana Villarán y Gregorio Santos: ambos son llevados por la Fiscalía anticorrupción y en ambos casos la sospecha de que los fondos o parte de los fondos captados sirvieron para financiar sus respectivas campañas políticas. En ambos casos, la exalcaldesa de Lima y el exgobernador de Cajamarca enfrentaron adversidades en sus respectivas gestiones, una abusiva revocatoria (a dedo) y presiones políticas desde Lima para ejecutar la prisión preventiva en el caso de Santos. Una defendía en su discurso una gestión transparente y con obras emblemáticas en una ambiciosa visión de Lima moderna e inclusiva, por construir. Goyo resistió el embate de la poderosa minera Yanacocha, que amenazaba con deteriorar/ contaminar lagunas, pastizales, humedades, el agua en Cajamarca.
Pero también existen diferencias. Una de las causas seguidas a Goyo se encuentra muy avanzada, en la etapa de juzgamiento. Es decir, que está mucho más avanzada que la causa abierta a Villarán y a las otras figuras políticas inculpadas en estos meses (PPK, Keiko, Toledo, etc). Muchos señalamos en su momento las presiones políticas que habrían pesado -en una dimensión aún indeterminada- en el inicio del proceso judicial contra Goyo, pues la resistencia del exgobernador ante la inversión minera molestaba al Ejecutivo y a poderes de facto. Muchos criticamos en su momento el pedido de prisión preliminar presentado por la fiscalía, por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión por considerarla excesiva e innecesaria. Dicho esto, también es cierto y justo señalar que el peso material de las evidencias es hoy por hoy insoslayable y, por tanto, pocas personas de leyes cuestionarían la razonabilidad o, al menos, el apego a la ley en la decisión de la jueza Mercedes Caballero García que emitió la primera orden de prisión preventiva (hay que destacar que esta jueza también dictó prisión preventiva para César Álvarez, el clan Orellana, entre otros).
Entre los elementos probatorios en el caso Santos se presentaron vouchers de depósitos bancarios a su cuenta o a las de las madres de sus hijos, comunicaciones telefónicas sostenidas con empresarios presuntamente favorecidos en las licitaciones y un importante desbalance patrimonial (que incluye, un departamento dúplex en Chiclayo, un terreno en Baños del Inca, siete terrenos y predios en Chepén de algunos cientos de hectáreas, dos camionetas 4×4). Existen otras dos causas seguidas a Goyo en fase de investigación, que involucraría a la constructora brasileña Aterpa.
Ante la evidencia presentada por la fiscalía, ¿por qué resulta complicado a cierta izquierda deslindar con la figura política de Gregorio Santos mientras que en el caso de la exalcaldesa de Lima el consenso es amplio y explícito? Responder a esa pregunta no es un ejercicio ocioso, tiene que ver con avanzar en la construcción de nuestros consensos sobre democracia y transparencia en la gestión pública. Deslindar tiene que ver también con aceptar el principio de justicia sobre el libre albedrío de los caudillos, incluso cuando estos exhiben una retórica progresista o radical.
Detrás de los juicios de valor sobre las figuras políticas y sobre su imputabilidad (o no) se expresan culturas políticas y sentidos comunes que han convivido bien y mal en el campo progresista y de las izquierdas. Eventualmente, en coyunturas encendidas como esta, esos campos colisionan en redes y abren discusiones absolutamente pertinentes.
Pero cuando cesa el temporal, temas como la situación procesal de Goyo se soslaya de la discusión o, los menos, cierran filas sin abordar la cuestión de fondo. Al contrario del wamani, el espíritu de los cerros tutelares andinos del que todo el mundo habla pero que nadie ve, la situación procesal de Gregorio Santos es aquello que muchos ven pero de la que pocos hablan.
Aceptar las decisiones de un aparato estatal que administre e imparta justicia (siempre que no se cuestione la idoneidad de los jueces y fiscales, claro) tiene que ver con que los ciudadanos reconozcan los grises en la acción de los líderes y partidos políticos. Pues la lógica del poder de los partidos o del Estado se impone con frecuencia sobre consideraciones “menores”, las que defienden los ciudadanos de a pie. Esto hace parte de la racionalidad de maquinarias construidas por y para la conquista y permanencia en el poder. En consecuencia, es necesario animar a la ciudadanía a mantener una posición vigilante frente al poder.
No se insistirá lo suficiente sobre la importancia de superar los razonamientos de la excepcionalidad del campo político propio (no hay nubes negras sobre mi cabeza) que adormecen los juicios críticos. La vieja lógica de partidos que persiguen un proyecto “superior” que los colocaría fuera de los límites éticos del resto, está envejeciendo a los ojos de sectores crecientes de la sociedad peruana. Y en este cambio de mirada, los fiscales anticorrupción tienen mucho que ver.
No dudo de Indira Huillca cuando dice que Nuevo Perú no va a blindar a Susana Villarán. No lo haría, tampoco lo harían otras y otros congresistas de limpia trayectoria. Pero el hecho concreto es que Villarán no pertenece a su partido político ni al Frente Amplio. La suerte de la exalcaldesa y de las figuras inculpadas en estos meses recae en la fiscalía anticorrupción y, en cierta medida, en la presión de la opinión pública.
La fiscalía y esa cierta opinión pública (que no acepta las “razones de Estado” o la “lógica de acumulación” y los “intereses populares” que enarbolan los partidos, que por lo demás son pequeños) están tomando la delantera política.
Extraído de Alma Noticias.