Sandra Guzmán, vocera de varias asociaciones de comerciantes, y Reiner Cruz, representante del rubro de restaurantes y hospedajes, del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac, exigieron al Gobierno solucionar el conflicto social que mantiene paralizada por casi 50 días las actividades de Las Bambas. Explicaron que este jueves realizarán una marcha de protesta por la inacción del Gobierno.
“Estamos presentes acá las asociaciones de hoteles, restaurantes, lavanderías, transportes y servicios generales y otros, además de emprendedores independientes. Han transcurrido casi dos meses de paralización, hemos esperado que el Estado tenga la capacidad para ser el garante entre la empresa minera Las Bambas y las comunidades afectadas, y, sin embargo, no ha habido un tema de prevención de políticas y experiencias de conflictos sociales”, dijo Guzmán a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que están exigiendo al Estado que asuma su rol mediador y busque una solución inmediata y sostenible al conflicto, porque la paralización está afectando la economía de las asociaciones y de miles de familias. “Todos trabajan directa e indirectamente con el sector minero, no solo las asociaciones, sino también el sector público, las municipalidades distritales y provinciales. Incluso también afecta la economía nacional”, precisó.
“Hemos emitido un pronunciamiento, respetamos su derecho a la protesta, somos conscientes de que la empresa no solo tiene múltiples compromisos con las comunidades, sino también con las asociaciones desde un inicio. La licencia social no solo la ha dado los señores del reasentamiento, sino también el distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas”, apuntó.
Este jueves anuncian movilización en Challhuahuacho
Señaló además que van a realizar este jueves una marcha de protesta contra el Gobierno, porque no está aplicando una política eficiente para evitar y solucionar conflictos. “Desde el primer premier Guido Bellido, quien ha encendido los conflictos sociales, seguidamente con Mirtha Vásquez y ahora el doctor Aníbal Torres Vásquez, que no está teniendo estas políticas de resolver de manera inmediata y sostenible.”, expresó
“Hoy estamos alzando nuestra voz de protesta, seguidamente vamos a tener una marcha pacifica el jueves y de ser necesario vamos a viajar a Lima para reclamar nuestros derechos constitucionales, en el artículo 22, que es el derecho al trabajo. Un derecho a la protesta no puede pisotear otro derecho, que están en el mismo nivel de jerarquía, que es el derecho al trabajo”, agregó.
Consideró que es una falsa de respeto y una burla a la provincia de Cotabambas, que el Estado no esté presente en Challhuahuacho para solucionar el problema. “Castillo y su plana de distintas carteras ministeriales, está en Apurímac, en Andahuaylas. Está en Cusco y Amazonas, pero no se hacen presentes en Challhuahuacho. No le están dando la debida importancia y nosotros tenemos un itinerario”, declaró.
Destacó que el Gobierno debe hacer cumplir el decreto supremo 005-2016-PCM, en el que el Estado peruano declara de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. “Nosotros estamos exigiendo, conforme nos han dado esa facultad, que priorice ese tema. La economía de las asociaciones, que son los proveedores de distintos servicios, está al 100% paralizada. Cada emprendedor puede tener de 30 a 80 trabajadores, que son el sustento de familias”, observó.
“No podemos ser inoperantes y observadores de esta ineficacia del Gobierno y de todas sus carteras ministeriales. Incluso, el ministro de Energía y Minas, que ha estado presente, no le dio el valor necesario y la debida importancia. También hemos tenido la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, que dijo que no se iban a retirar hasta resolver el conflicto social, pero Castillo parece que no coordina con los ministros, porque al día siguiente lo sacó y entró otro ministro”, precisó.
Informó que en Challhuahuacho existen 25 asociaciones de diferentes rubros y alrededor de 50 emprendedores y empresarios independientes. “Un aproximado de 1,500 asociados se están viendo perjudicados. Eso multipliquemos por todas las familias que dependen de este de este tema y las planillas que se debe a los trabajadores. En este momento las actividades están paralizadas efectivamente al 100%”, explicó.
“El Estado tiene que garantizar que la empresa cumpla con todos sus compromisos y puedan ambas partes sentarse de manera sostenible. Exhortamos también a la empresa minera que pueda tener esa predisposición conjuntamente con el Estado y las comunidades. Acá también un tema de responsabilidad tripartita. Estos tres entes tienen que sentarse para hacer un diálogo sostenible, pero es el Estado quién tiene que ser el garante y hacer cumplir este tema de la solución inmediata”, remarcó.
Restaurantes y hospedajes han cerrado
Por su parte, Cruz indicó que el gobierno de Pedro Castillo no entiende que el Perú es un país eminentemente minero y que los recursos que Challhuahuacho y la región de Apurímac obtienen, para su desarrollo económico y social, provienen de las de las industrias extractivas.
“El Gobierno no le está poniendo el punche necesario, los mecanismos necesarios para tener una minería eficaz en nuestro país. Por ejemplo, Chile ha avanzado bastante en eso, no tiene ese tipo de problemas, entonces toda la responsabilidad recae en el Estado peruano que, teniendo entes como el Ministerio de Energía y Minas, y la PCM, que tienen oficinas para el cumplimiento de compromisos sociales y para la resolución de conflictos, no están activando esas oficinas”, aseveró
Enfatizó que el Estado cuenta con varias oficinas, donde trabajan en cada una un pool de profesionales, que pueden solucionar este asunto técnicamente, pero no lo hacen. “Cuándo se llevan las mesas de diálogo frente a estos problemas, pues, simplemente no vienen las personas adecuadas. Entonces no saben cómo atar y desatar. Entonces están poniendo en riesgo este toda una economía nacional, regional y local” apuntó.
“Están poniendo en riesgo la economía, sobre todo, la local. Si está minería paraliza vamos a ser golpeados fuertemente por los locales imagínate, tenemos préstamos con el programa Reactiva, con los bancos locales. Entonces es un caos y el Estado no está haciendo los esfuerzos necesarios para resolver conflictos”, advirtió.
Precisó que son más de 50 restaurantes formalizados en Challhuahuacho que están cerrados por la paralización de Las Bambas. “Lo que pasa es que eso obedece al Estudio de Impacto Ambiental, que se le ha dado la viabilidad el 2011, y allí existe una serie de compromisos. También existe el anexo K para el tema laboral. Estos compromisos son para generar mano de trabajo, mano de obra local y negocios locales. Es el Gobierno quien tiene la potestad de resolver esto”, explicó.
Fuente: Red de Comunicación Regional-RCR