Luis Alonso Robas Sánchez, vicecontralor de Control Sectorial y territorial de la Contraloría General de la República, manifestó que tras el megaoperativo de control al Gobierno Nacional se ha detectado que la mayoría de entidades públicas no cuentan con planes de prevención y actuación ante desastres, además se detectó a más de 1240 funcionarios con una serie de irregularidades, es decir, afrontan presuntas responsabilidades civiles, penales y/o administrativas.
“En el mes de marzo iniciamos un megaoperativo de control al Gobierno nacional, cabe señalar que ya habíamos realizado 26 megasoperativos de control regional en cada departamento del país, para tal efecto hemos movilizado más de 1500 auditores para revisar las labores e intervenciones del gobierno en sus distintos programas sociales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que la Contraloría General de la República ha emitido más de 3000 servicios de control y 967 servicios de control posterior, lamentablemente se detectó a más de 1240 funcionarios con una serie de irregularidades, es decir, afrontan presuntas responsabilidades civiles, penales y/o administrativas.
“De estos 1,242 funcionarios, 1030 trabajan en el Poder Ejecutivo, 17 laboran en otros poderes del Estado, 60 en organismos autónomos y 135 en universidades públicas, estos funcionarios tendrían una a más responsabilidades en el ámbito administrativo, civil y penal, con más de 1100 millones de soles y perjuicio monetario en más de 600 millones de soles”, explicó.
Indicó que el megaoperativo de control realizada por la Contraloría General, detectaron irregularidades en Provias, Jurado Nacional de Elecciones, Qali Warma, entre otras entidades. De tal manera que, se ha identificado si el recurso del Estado a través del Gobierno nacional que destina para los servicios públicos se están ejecutando en el marco legal correspondiente.
“Hemos iniciado trabajos para verificar si las entidades cuentan con los seis planes que establece la normativa de gestión de riesgos de desastres, ya que dentro de ellos está cómo el Estado y diversas entidades públicas de los tres niveles de gobierno deben actuar en prevención, preparación frente a un fenómeno natural y la respuesta en infraestructura y servicios del Estado. Lamentablemente en muchos casos no se está siguiendo lo establecido en la normativa, esto genera un perjuicio económico y patrimonial en el país”, subrayó.