José Luis Medina Bueno, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, señaló que en las 13 provincias de su jurisdicción se han registrado alrededor de 30 muertes por minería ilegal. Agregó que, a pesar del conocimiento de las autoridades ante esta problemática, no han implementado acciones para combatir esta situación.
“La minería ilegal genera una serie de consecuencias negativas, no solo en el tema medioambiental, sino también en el tema económico, social y político, ya que están involucrados varios poderes del Estado, sobre todo en el Congreso, donde financian campañas políticas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que en las 13 provincias Cajamarca se han registrado cerca de 30 muertes relacionadas a esta problemática. Mencionó que, a pesar de las constantes alertas del Colegio de Economistas, las autoridades regionales no han implementado alguna respuesta para luchar contra la minería ilegal.
“Si al final las autoridades no reaccionan, serán las bases sociales como las riendas campesinas, las comunidades, las organizaciones que existan dentro de la región, quienes harán presión, levantarán la voz y harán una sola lucha para poder calmar esta situación, porque si nos ganan, no habrá quien los detenga”, expresó.
Tras el anuncio del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, en visitar Cajamarca para la quincena de septiembre para atender la problemática de la minería ilegal. Medina dijo esperar que intervenga con acciones contundentes y un trabajo articulado, no solo limitarse a un acto protocolar.
“Vamos a exigir que se establezca acciones concretas, contundentes y urgentes para hacer frente a esta situación, y no solo en Cajamarca, sino a nivel nacional, esperamos que no solo sean discursos o un tema protocolar, de lo contrario, sería un engaño para todos nosotros”, enfatizó.
Denunció que las operaciones ilegales están contaminando ríos y fuentes de agua mediante el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, lo que deja secuelas graves en la salud de las personas y en la biodiversidad. “El daño no se limita al entorno inmediato, sino que se extiende a comunidades enteras que dependen de estos recursos hídricos”, advirtió.
Remarcó que la minería ilegal ha promovido el incremento de la prostitución, la trata de personas, el trabajo infantil y la inseguridad en zonas rurales. “La situación es tan compleja que incluso algunas autoridades locales, regionales e incluso congresistas llegan al poder con financiamiento proveniente de estas actividades ilícitas”, puntualizó.