El director de Catastro Minero del INGEMMET, Henry Luna, aclaró que la protección de las concesiones frente a la extracción ilícita es un deber constitucional del Estado.
Precisó que, tras la denuncia de las empresas formales, organismos como Osinergmin, OEFA y los Gobiernos Regionales deben ejercer su facultad fiscalizadora para garantizar el principio de autoridad y deslindar la responsabilidad del sector formal ante el avance de la minería ilegal.
Henry John Luna Córdova, director de Catastro Minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), aclaró que la responsabilidad de enfrentar la extracción ilícita de mineral dentro de concesiones vigentes recae estrictamente en las instituciones del Estado, una vez que la empresa formal cumple con canalizar la denuncia correspondiente.
Luna Córdova explicó que, ante una advertencia de internamiento ilícito, el Estado asume el rol fiscalizador mediante la designación de un perito minero. Este especialista es el encargado de verificar técnicamente la superposición en el terreno.
Según precisó, si el denunciado es un pequeño productor o minero artesanal, la competencia de actuar corresponde a los Gobiernos Regionales a través de sus Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas (DREM).
En el caso de la mediana y gran minería, el funcionario remarcó que el auxilio y la fiscalización involucran a un cuerpo institucional robusto. “El Osinergmin en temas de seguridad, el OEFA en el ámbito ambiental y la Sunafil en el cumplimiento de los derechos laborales. De esta manera, el sistema legal peruano establece que la empresa privada actúa como denunciante, pero es el aparato público quien debe garantizar el respeto al derecho otorgado”. Precisó a través de Red de Comunicación Regional. RCR.
Respecto al avance de la minería ilegal en zonas no autorizadas o áreas críticas —como los ríos de la Amazonía—, Luna sostuvo que la respuesta institucional está centralizada en el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“En estos escenarios, la legalidad se defiende mediante acciones de interdicción lideradas por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, con la posible participación del SERNANP o el Ministerio de Cultura si existen daños a áreas protegidas o patrimonio arqueológico”, explicó.
Finalmente, el director de Catastro Minero enfatizó la necesidad de deslindar responsabilidades. «Es importante diferenciar los marcos legales para evitar que se atribuya a las empresas formales culpas que corresponden exclusivamente a la acción o inacción del Estado frente a la minería ilegal», subrayó, reafirmando que el principio de autoridad debe ser ejercido por los organismos fiscalizadores para proteger la propiedad y el medio ambiente.
Fuente: RCR