El consultor internacional denunció que el Estado ha claudicado en su rol de control territorial, permitiendo que antiguos opositores a proyectos mineros operen hoy desde la ilegalidad sin dejar beneficios ni planes de cierre para el país.
RCR, 28 de enero 2026.- El desborde de la minería ilegal en el Perú no es consecuencia del sector privado, sino de una falta de autoridad. Así lo sostuvo Fernando Castillo Torres, consultor especializado en minería, energía y gestión social, quien fue enfático en señalar que las empresas formales cumplen con la ley, pero son vulneradas por la inacción estatal.
Castillo Torres criticó las posturas que intentan trasladar la culpa a las compañías privadas. «Mirtha Vásquez es una de las que ha dicho que es responsabilidad de las empresas, cuando ella misma se opuso a la minería formal, aquella que tributa, cuida a las personas y reserva fondos para el plan de cierre», expresó.
Para el especialista, existe una protección política implícita. Sostuvo que sectores de izquierda han amparado a sectores ilegales para asegurar votos.
«Las empresas cuentan con concesiones, pero no necesariamente con el control del territorio. Las compañías denuncian el ingreso de ilegales, pero el Estado no cumple con retirarlos», precisó a RCR.
Garantía ambiental vs. abandono
El consultor destacó el abismo que existe entre la minería formal y la ilícita en términos de sostenibilidad, dijo que mientras la minería ilegal no deja recursos para la remediación ambiental, las empresas formales destinan presupuestos históricos para el futuro de las zonas donde operan.
“Yanacocha ha destinado 5,000 millones de dólares para su plan de cierre en Cajamarca, Gold Fields, 300 millones de dólares en Cerro Corona y Barrick y Newmont, son ejemplos de buena gestión”, comentó.
«¿Eso hace alguna de esas operaciones informales? No», puntualizó Castillo, subrayando que la minería ilegal simplemente abandona el territorio sin asumir costos sociales ni ambientales.
Castillo Torres reveló un hallazgo alarmante tras haber presidido más de 200 procesos de diálogo: los dirigentes que antes paralizaban proyectos hoy son actores de la ilegalidad.
«Aquellos actores enfrentados a la minería formal en su momento, hoy lideran la minería ilegal e informal. Ha mutado el proceso de oposición; ahora dicen tener su ‘par de Reinfos’ para trabajar. Ellos mismos fueron los que impidieron el desarrollo de proyectos que hoy están invadidos», afirmó.
Finalmente, el consultor exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a asumir su responsabilidad de frenar este flagelo, advirtiendo que la pasividad del Estado solo profundiza el daño económico y ambiental para el país.
Fuente: RCR