El presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc, Napoleón Gutiérrez Anticona, señaló que el Estado se ha convertido en el primer cómplice del avance de la minería ilegal, ya que ha permitido la posesión de áreas privadas en zonas como Hualgayoc, Chugur, El Tingo, Celendín, Jaén y Chota.
“Hay demasiada irresponsabilidad de parte del Estado, que es el primer cómplice de la minería ilegal. En Hualgayoc, tenemos zonas donde se han remediado por muchos años, sin embargo, no han hecho entrega de los pasivos a pesar de que se está invirtiendo inmensas cantidades de dinero, entonces desde esa parte empieza una discusión que no encuentra sentido porque hay mucha flexibilidad de parte de quienes otorgan la obra y de quienes fiscalizan la obra”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Preciso que, pese a contar con instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, fiscalías ambientales y direcciones especializadas, la mayoría de funcionarios limita su labor a los escritorios, sin acudir a las zonas donde la situación se agrava. Mencionó que la población por un lado rechaza la contaminación y los daños ambientales que deja la minería ilegal, pero también encuentra en esta actividad una fuente de ingresos frente a la ausencia de alternativas económicas.
“La minería ilegal y la minería informal van por el mismo camino mientras no se formalicen, ya que generan oportunidad laboral para la gente ante un Estado ineficiente que no tiene las condiciones correspondientes, a pesar de que tienen logística para poder minimizar este tipo de casos porque en controlarlo definitivamente tendría que ser el propio Ministerio de Energía y Minas”, expresó.
Gutiérrez indicó que muchas empresas formales, lejos de contribuir a la fiscalización, terminan beneficiándose al comprar minerales a informales o ilegales, lo que perpetúa el círculo de ilegalidad y deterioro ambiental. “Entonces es fundamental que el Estado asuma de manera completa la administración y el rectorado de esta cuestión a través también del Ministerio del Ambiente y la propia Fiscalía, que tienen los elementos y la logística, solo así poder proteger todo lo que están haciendo”, afirmó.
Frente a esta situación, insistió en la necesidad de aplicar un plan de interdicción en las zonas más críticas de Cajamarca como Hualgayoc, Chugur, El Tingo, Celendín, Jaén y Chota. Añadió que se requiere de una estrategia conjunta del Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Policía para frenar esta amenaza que afecta la salud pública y el medio ambiente.
“Si hay un trabajo inteligente de unidad, aquí no hay nada que descubrir, porque todo lo tienen mapeado, todo está bajo control, lamentablemente no hay una acción que ponga freno a este tema, entonces desde el Estado tienen que haber acciones directas para que el pueblo no se comprometa y se vea garantizada la salud pública, el medio ambiente, la situación laboral de la población”, sostuvo.
Minería ilegal podría infiltrarse en las próximas elecciones generales
Asimismo, alertó sobre el riesgo de la infiltración de la minería ilegal en campañas electorales locales y nacionales, puesto que las mafias mineras buscan respaldo en autoridades y partidos para garantizar la continuidad de sus actividades. Agregó que se ha visto a congresistas denunciados por vínculos con economías ilegales, sin embargo, las autoridades no han tomado acciones al respecto.
“Como cualquier delincuente tienen que buscar a dónde acercarse para poder tener respaldo, garantía de seguir haciendo lo mismo y si logran que su inversión pueda infiltrarse en políticos que de alguna forma se pueden prestar a este tipo de negocios, y desde luego ya hemos visto que muchos congresistas están involucrados en la minería ilegal, esto no es una novedad para el Estado porque ellos están totalmente informados y saben quiénes son”, advirtió.
Remarcó que se requiere de una acción conjunta donde el Estado se ponga al frente para que el pueblo vea que hay una garantía y también pueda participar. “Si nos organizamos a nivel nacional en rondas urbanas, habría un mejor control que con comités vecinales y una serie de acciones que no están mal, pero se requiere de algo más eficaz”, subrayó.