El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha anunciado una expansión estratégica de sus operaciones de interdicción. Tras los críticos sucesos en Pataz, el titular del sector, Luis Enrique Bravo De La Cruz, confirmó que el Ejecutivo pondrá especial énfasis en la región de Cajamarca, donde la creciente actividad ilícita ha encendido las alarmas de la población y las autoridades.
El ministro Bravo De La Cruz fue enfático al señalar que la minería ilegal ha mutado en una amenaza mucho más oscura. Según explicó, esta actividad ya no se limita a la degradación del ecosistema, sino que se ha transformado en un fenómeno criminal complejo que utiliza el armamento y la violencia como herramientas de control.
«La minería ilegal no solo arrebata vidas, sino que genera un caos económico y violencia en todo el país. El uso de armas no tiene cabida en ninguna actividad productiva», afirmó el titular del MINEM a RCR.
Ante el avance de las organizaciones criminales, el Gobierno ha dispuesto una respuesta multisectorial de alta intensidad. El plan de acción incluye liderazgo del Comando Conjunto: Las operaciones serán ejecutadas por las Fuerzas Armadas en estrecha coordinación con los ministerios de Defensa e Interior.
Precisó que, en la focalización de Cajamarca, se intervendrán puntos críticos identificados mediante inteligencia táctica para frenar la expansión de mafias que buscan replicar el modelo de violencia visto en otras regiones.
El ministro hizo un llamado urgente a la ciudadanía para formar un «frente común» que rechace el avance de esta economía ilegal que socava la institucionalidad del país.
El impacto de la intervención en Cajamarca
La intervención en Cajamarca es estratégica. Al ser una región con una presencia histórica de minería formal, la filtración de grupos ilegales no solo pone en riesgo la seguridad de las comunidades locales, sino que amenaza con desestabilizar la economía regional y los proyectos de inversión vigentes.
Fuente: RCR