La jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, María Alejandra Ormeño, advirtió que el alto precio del metal y la falta de control han fortalecido el brazo económico de las organizaciones criminales.
El impacto de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser solo un problema ambiental y social para convertirse en una amenaza estructural contra la democracia y la seguridad nacional. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el valor de las exportaciones de oro ilegal alcanzó los 12,000 millones de dólares durante el último año, una cifra que ilustra el desproporcionado poder financiero que manejan las organizaciones criminales detrás de esta actividad.
María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del IPE, alertó, sobre la magnitud de este capital en el contexto político actual.
“Para ponerlo en magnitud, eso podría financiar hasta 10 campañas presidenciales y congresales de este año; es decir, a los 130 diputados y 60 senadores de los 36 partidos en carrera, multiplicado por diez”, explicó la especialista a RCR.
Para el IPE, este flujo de dinero evidencia cómo la minería ilegal ha logrado infiltrar o superar la capacidad de control del Estado.
El factor precio y la falta de fiscalización La bonanza de esta economía subterránea se explica, en gran medida, por el contexto internacional. Ormeño detalló que el oro se encuentra en niveles de precio máximos históricos, lo que incentiva a ciertos sectores a optar por la vía de la ilegalidad ante la ausencia de un control estricto y la facilidad para operar fuera del marco normativo.
Este auge económico ha traído consigo una ola de violencia sin precedentes. La especialista sostuvo que existe un vínculo indisoluble entre la minería ilegal y el aumento de la inseguridad ciudadana, un fenómeno que se refleja semanalmente en las noticias sobre homicidios y ataques a concesiones formales, con especial crudeza en zonas como Pataz (La Libertad).
Zonas críticas y el Reinfo El análisis del IPE revela una coincidencia alarmante: los distritos con mayores tasas de criminalidad son también los núcleos de la minería informal. Localidades como Pataz, Ático (Arequipa) y Ananea (Puno), donde se ubica La Rinconada, no solo lideran las estadísticas de homicidios, sino que concentran la mitad de los registros vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Ante esta situación, Ormeño instó al electorado a revisar con rigor las propuestas de los candidatos sobre seguridad y minería. «No vamos a poder solucionar uno sin solucionar el otro, van de la mano», aseveró, subrayando que la lucha contra este flagelo requiere un plan integral que vaya más allá de la interdicción.
Propuestas técnicas Para el IPE, el combate a la criminalidad debe partir por cerrar las brechas de infraestructura policial y carcelaria, sugiriendo el uso de mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) o el esquema de Obras por Impuestos (OxI) para modernizar comisarías y penales.
Asimismo, Ormeño puso énfasis en la necesidad de implementar una trazabilidad estricta en la cadena de suministro del metal. “Tenemos que saber de dónde sale el oro, dónde se procesa y por dónde se está exportando para identificar exactamente dónde se filtra la ilegalidad”, concluyó.
Fuente: Red de Comunicación Regional – RCR