La economista del Instituto Peruano de Economía, Ana Lucía del Río, señaló que la solvencia fiscal de Perú se ha deteriorado en los últimos años, con un incumplimiento de la regla del déficit fiscal por dos años consecutivos. Agregó que esta situación está exacerbada por 65,000 proyectos que se encuentran paralizados o abandonados a junio de 2023, lo que representa la mitad de los proyectos de inversión activos y ha generado una pérdida irrecuperable equivalente al 2.3% del Producto Bruto Interno.
“En la última década, el Perú había destacado por su solvencia fiscal frente a la región, sin embargo, ha incumplido la regla de déficit en 2023 y 2024. Este desbalance se originó porque el gasto público excedió los ingresos en niveles superiores a los permitidos para mantener una economía saludable, aunque en 2025 podría cumplirse la regla nuevamente, las proyecciones apuntan a un nuevo incumplimiento para 2026”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que el deterioro fiscal está estrechamente vinculado a la ineficiencia del gasto público y a la proliferación de obras inconclusas. Mencionó que, según un informe del Banco Mundial, se ha revelado la existencia de 65 mil proyectos paralizados o abandonados hasta junio de 2023, lo que equivale a la mitad de la inversión pública activa en el país.
“Estas obras inconclusas representan una pérdida irrecuperable equivalente al 2,3 % del PBI, un monto que, según la especialista, podría haber contribuido a reducir el déficit proyectado para 2025, estimado entre 2,2 % y 2,3 % del PBI. Y otro factor crítico es el incremento sostenido de la deuda pública ante la necesidad de financiar gastos que superan los ingresos”, expresó.
Del Río sostuvo que, de mantenerse esta tendencia, la deuda podría elevarse hasta el 70 % del PBI en 2036, casi el doble del límite permisible de 38 %. A esto se suma el aumento del gasto rígido, especialmente en remuneraciones, impulsado por leyes y disposiciones aprobadas por el Congreso. “Solo en 2025 se emitieron 120 disposiciones que obligaron a reasignar 1.400 millones de soles a pagos de planilla, restando 1.800 millones de soles a proyectos de inversión”, anotó.
Indicó que desde el cambio del SNIP a Invierte.pe en 2016 disminuyeron los controles y requisitos para aprobar proyectos, lo que permitió la entrada de más iniciativas sin supervisión adecuada. Esto se refleja en el incremento de obras paralizadas: entre 2016 y 2023, la cifra se multiplicó por cinco.
“Además, entre 2017 y 2025 el gasto superó en 90 % al presupuesto interno de apertura, debido a ampliaciones no previstas durante la ejecución presupuestal. Otro de los problemas estructurales es la baja recaudación tributaria, que limita la capacidad del Estado para financiar servicios y obras de calidad”, enfatizó.
Manifestó que el Perú recauda solo el 6,2 % de lo que podría obtener por impuestos a personas y 13 % en el caso de empresas, cifras muy por debajo de países de ingresos altos, en ese sentido, atribuyó este déficit a altos niveles de informalidad, evasión tributaria, un sistema impositivo complejo y beneficios tributarios que reducen ingresos sin generar productividad.
“Es importante mejorar la calidad del gasto público y optimizar la recaudación tributaria, son acciones urgentes para revertir el deterioro fiscal. Por lo tanto, se tiene que fortalecer la fiscalización tributaria, promover la formalización y asegurar que los proyectos de inversión cuenten con estudios técnicos sólidos y una adecuada planificación, además se tiene que gastar, pero en obras que realmente beneficien a los peruanos”, concluyó.
Fuente: RCR