● Cajamarca es la región con la tasa más alta de pobreza y sigue creciendo en el último año. La falta de empleo formal y el mayor costo de vida han afectado a miles de familias.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, en Cajamarca, más de 1.1 millones de personas (78% de la población) enfrentan una realidad económica difícil que pone en riesgo su bienestar y calidad de vida. De ese grupo, casi 652 mil cajamarquinos ya viven en situación de pobreza, según el INEI.
Pero no son los únicos en riesgo. Hay otras 476 mil que, aunque técnicamente no son pobres, están a solo un paso de caer en ella. Se trata de personas con vulnerabilidad económica que, ante algún evento adverso, pueden ver limitada su capacidad de gasto y terminar cayendo en la pobreza. Basta con alguna enfermedad grave dentro de la familia, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha para que su situación realmente se complique. Con estas cifras, se concluye que 8 de cada 10 habitantes en la región viven en pobreza o están en riesgo constante de caer en ella.
En este contexto, preocupa que la pobreza en Cajamarca siga en aumento por tercer año consecutivo (+0.53% versus 2023), lo que la mantiene como el departamento con la tasa de incidencia más alta del país. “A nivel nacional, esta condición se redujo levemente en 2024 como un efecto rebote tras el mal año económico del año anterior. Sin embargo, en la región ocurrió lo contrario: la pobreza volvió a subir. Solo tres regiones en el país registraron incrementos: Arequipa, Ucayali y Cajamarca”, señaló César García, economista de REDES.
El especialista explicó que, aunque la economía cajamarquina tuvo un crecimiento leve en 2024, no fue suficiente para mejorar la situación de las familias. Sectores importantes como agricultura y minería –importantes generadores de empleo– registraron caídas el año pasado. “Además, los ingresos apenas aumentaron y ese pequeño avance fue minimizado por el alza del costo de vida. «Por eso las familias no perciben mejoras. La situación sigue siendo peor que antes de la pandemia, y si seguimos avanzando tan lento, podrían pasar hasta 20 años para volver al nivel que tenía Cajamarca en 2019, del 38%”, advirtió.
Es necesario resaltar que la pobreza monetaria se calcula según lo que una familia puede gastar, no solo por lo que gana, sino por cuánto puede cubrir en alimentos, transporte y otros gastos básicos. Hoy, de acuerdo con datos a nivel nacional, se estima que una familia peruana necesitaría contar con al menos S/1,816 para su subsistencia. Si su capacidad de gasto está por debajo, se considera que la familia se encuentra en condición de pobreza.
Uno de los factores que más obstaculiza ese progreso es el empleo, y en específico la falta de empleo formal. “Para impulsar la creación de trabajos de calidad, es fundamental incentivar la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos con alto potencial, como la agricultura y el turismo. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, confianza empresarial y un marco normativo claro y predecible. Sin empleo formal y bien remunerado, es prácticamente imposible reducir la pobreza”, indicó el economista.
Precisamente, el 98% de las personas que vive en pobreza extrema trabaja en el sector informal. Este grupo, que incluye a unos 286 mil cajamarquinos, no pueden cubrir una canasta mínima de alimentos (S/ 1,024 para una familia). Además, son quienes más sufren por la falta de comida, problemas de salud y dificultades para acceder a una buena educación. A ello se suma un acceso muy limitado a servicios básicos: solo el 17.3% tiene agua segura, y menos del 20% cuenta con conexión a internet, reduciendo sus posibilidades de desarrollo.
“La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas en áreas con mayores desafíos estructurales. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con enfoque en las provincias más golpeadas y reglas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo inclusivo”, concluyó García.