El avance «preocupante» del ilícito, asociado al crimen organizado y focalizado en zonas críticas como Algamarca y Hualgayoc, lleva a la PCM a desplegar una comisión multisectorial liderada por las FF. AA. y la PNP, afirma ministro de Defensa César Diaz.
Exviceministro de Minas, Augusto Cauti señala la necesidad de complementar las interdicciones con medidas de beneficio social y una clara posición del MINEM sobre la formalización minera para no dejar en indefensión a las poblaciones vulnerables.
La minería ilegal en Cajamarca presenta un avance y crecimiento preocupante en la región, impulsada por diversos factores y con serios riesgos ambientales y sociales. Esta actividad ilícita se asocia con el crimen organizado, y se focaliza en áreas como Algamarca, La Chilca (Cajabamba), Sorochuco, Tandayoc, Celendín, Sinchao, Hualgayoc y San Ignacio, afectando gravemente los ríos, como el Chinchipe en la frontera con Ecuador.
El Gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y una comisión multisectorial, está intensificando los operativos de interdicción con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y el Ministerio Público, incluyendo a las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente (FEMA).
Al respecto, el Ministro de Defensa, César Díaz Peche, se refirió a las acciones contra la minería ilegal, destacando que es un esfuerzo conjunto entre las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional (PNP). Subrayó que tienen la predisposición y la orientación para luchar contra este flagelo, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de la población.
Precisó que gobierno peruano, bajo el liderazgo del presidente José Jerí, ha reafirmado su compromiso con una lucha integral contra la minería ilegal. Esta estrategia incluye la coordinación entre los Ministerios de Defensa, Interior, y Energía y Minas, con el apoyo de las FF. AA. y la PNP. El objetivo es consolidar la presencia del Estado en territorios históricamente vulnerables.
Sobre el tema, el exviceministro de Minas, Augusto Cauti, manifestó a Red de Comunicación Regional (RCR), que estos operativos son liderados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo un Estado de derecho, y no se realizan por empresas privadas. “Las interdicciones deben mantenerse, pero también deben ir acompañadas de medidas que beneficien a las poblaciones vulnerables que hoy son extorsionadas por las mafias criminales que provienen de la minería ilegal”, subrayó.
En ese sentido, remarcó que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), debería pronunciarse con claridad sobre el futuro de la formalización minera. “El gobierno tiene pocos meses, pero debe avanzar sobre lo que ya está hecho. No se trata de cambiar funcionarios, sino de asegurar continuidad y resultados”, puntualizó.
Fuente: RCR