Fernando Castillo, consultor en gestión social en minería y energía, señaló que la Comisión de Energía y Minas ha sido entregada a activistas políticos y propagandistas de la minería ilegal, ya que las grandes bancadas parlamentarias no priorizan este espacio porque su atención se centra en presupuesto, economía o justicia.
“Estamos frente a un año electoral y ninguna de las bancadas políticas grandes se va a preocupar en la Comisión de Energía y Minas porque lo primero es constitución, presupuesto, economía y justicia, las que gravitan en la agenda nacional. Pero los que estamos en el sector vemos con preocupación los últimos cambios porque a pesar de su importancia en la economía nacional, es considerada en segundo plano”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la Comisión de Energía y Minas es considerada políticamente como un “premio consuelo”, permitiendo que, en la práctica, sean los partidos más pequeños los que asuman su control, sin que exista un interés real en impulsar políticas técnicas y estratégicas que fortalezcan al sector. “La batalla es política y el Congreso es un ente político. Ahí no hay razonamientos técnicos ni jurídicos, solo políticos”, expresó.
Actualmente, la presidencia de la comisión le pertenece a Víctor Cutipa, un representante por Moquegua, pero también opositor abierto a Quellaveco, ha impulsado proyectos favoreciendo a minería ilegal como la ampliación del REINFO. Además, casos similares se han visto en gestiones anteriores, como la de Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, o en declaraciones de representantes en Cajamarca, quienes han llegado a negar la existencia de minería ilegal en la región.
Sin embargo, Castillo alertó que provincias cajamarquinas como Hualgayoc, Bambamarca, Contumazá, Chota y San Ignacio, están invadidas por dragas y operaciones ilegales. “Alrededor de Conga había 20 o 30 concesiones, ahora son 150. Ni hablar de San Marcos. Estas actividades crecen porque ya no se trata solo de operadores improvisados, sino de actores políticos que cuentan con financiamiento de economías ilegales”, indicó.
Asimismo, afirmó que el 50% del oro que circula en el país proviene de actividades ilegales, las cuales han comenzado a profesionalizarse y a buscar mayor influencia política. “Saben poner sus huevos en distintas canastas, financian campañas de varios partidos y se aseguran de tener representación en cada bancada. Ese problema se volverá a ver en el próximo proceso electoral”, advirtió.
Finalmente, subrayó que la minería ilegal ya opera bajo esquemas similares a los del crimen organizado. “No solo tienen sicarios, también abogados y estructuras de defensa para comprar jueces o fiscales y garantizar la impunidad. No es un problema marginal, sino un poder paralelo que va ocupando espacios políticos”, concluyó.