Percy Urteaga, abogado constitucionalista y analista político, señaló que la minería ilegal se ha expandido en provincias como Bambamarca, Hualgayoc, Chugur, El Tingo y San Ignacio, convirtiéndolas en focos de esta actividad ilícita que afecta al medio ambiente y a la seguridad ciudadana. Agregó que este flagelo ha llevado a la invasión de terrenos de propiedad privada sin que las autoridades tomen medidas para evitarla.
“En algunas provincias de Cajamarca, esta actividad ilegal se está llevando a cabo con mayor fuerza como en Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, El Tingo y Chugur, incluso el 18 de agosto hubo un operativo en el cual se desbarató a una organización criminal dedicada a la minería ilegal y que fue una noticia positiva. Sin embargo, aún existen otras zonas donde estos grupos se dedican a esta problemática”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la falta de control convierte a varias zonas de la región en “tierra de nadie”, donde los grupos ilegales se disputan territorios al margen de la ley. En ese sentido, explicó que la acción del Estado debería sustentarse en un plan integral que articule el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Se requiere de un plan integral donde la Policía Nacional, Ministerio Público, Fiscalía y Poder Judicial actúen articuladamente, sin embargo, la falta de eficiencia en la investigación y en la aplicación de sanciones, genera un escenario de impunidad que fortalece a estas redes criminales”, expresó.
Urteaga sostuvo que otro aspecto que genera preocupación es la modificación del artículo 307-A del Código Penal en 2017, que tipifica el delito de minería ilegal, ya que el cambio de una sola palabra habría limitado la capacidad del Ministerio Público para procesar a los responsables, al exigir que la explotación incluya simultáneamente minerales metálicos y no metálicos, situación que en la práctica es casi inexistente.
“Ahora el delito de acuerdo a como está tipificado en el Código Penal, requiere o establece que tienen que dedicarse estas personas a la extracción, explotación o exploración de manera conjunta, es decir, minerales metálicos y no metálicos. Y eso en la realidad no se ve, porque hay casos en los cuales algunas personas que se dedican a esta actividad ilegal solamente explotando minerales metálicos, entonces podría existir cierta restricción para que la Fiscalía pueda actuar”, afirmó.
Asimismo, alertó que la minería ilegal no solo desplaza actividades productivas como la caficultura en San Ignacio, sino que también se vincula con delitos conexos como la trata de personas, el narcotráfico y la extorsión. Criticó que el Estado haya prorrogado el Reinfo, medida que favorece la impunidad y alienta la expansión de estas prácticas ilícitas.
“El Estado debería promover políticas públicas que fomenten empleo, además de establecer métodos o planes de control y de contención a las personas que se dedican a la minería ilegal. Por otro lado, lo que ha hecho el Estado es aplazar nuevamente el Reinfo, algo que no debería haberse hecho, ya que se permite cierta impunidad a algunos actos que estas personas inescrupulosas cometen contra el medio ambiente, la trata de personas y el narcotráfico”, anotó.
Remarcó que la ausencia del Estado está llevando a que rondas campesinas y urbanas asuman la defensa frente al crimen, lo que podría derivar en episodios de violencia. Si bien reconoció el rol histórico de las rondas en la protección comunitaria, sostuvo que la tarea de enfrentar a la minería ilegal debe recaer en las instituciones estatales, principalmente la Policía Nacional, en cumplimiento de su deber constitucional de garantizar la seguridad y el respeto a la ley.