El consultor internacional en temas de minería y energía, especialista en conflictividad y gestión social, Fernando Castillo Torres, enfatizó que la propuesta para la ampliación del REINFO hasta el 2027 ha sido motivado por políticas internas y la ausencia de una respuesta firme del Ejecutivo, donde un Congreso actúa bajo intereses en el marco de la campaña electoral. Asimismo, afirmó que el Registro Integral de Formalización Minera seguirá funcionando como una “autorización para delinquir”, sobre todo para aquellos que operan en la minería ilegal bajo la fachada de este proceso.
“Lo que ha ocurrido en la Comisión de Energía y Minas se veía venir por varias motivaciones internas, y será muy difícil que el Congreso saque adelante una ley MAPE, pese a que siempre ha sido preocupante la ampliación del REINFO, porque no estamos hablando de mineros artesanales. Como se ve este registro ha terminado siendo una autorización para delinquir en la práctica, específicamente para aquellos que desarrollan minería ilegal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la expansión de economías delictivas vinculadas a la minería ilegal es otro de los elementos en alerta, ya que según algunos estudios muestran que este sector ya constituye dos tercios de todas las economías ilegales del país, superando actividades como el narcotráfico, la trata de personas o la explotación sexual. En ese sentido, sostuvo que el impacto no solo es económico, puesto que se extiende a dimensiones tributarias, ambientales, sociales y de salud pública.
“La minería ilegal hace dos años representaba el 40%, pero hoy son dos tercios de lo que son todas las economías ilegales, eso se convierte en algo mucho más delicado que hablar sólo de minería, implica otros elementos, factores tributarios, seguridad, salud, trata de personas, y no se está viendo en la complejidad de lo que es todo el espectro, porque hoy en día el oro ilegal ya alcanzó al oro legal, se ha incrementado progresivamente y las exportaciones ilícitas son del 50% del volumen total”, expresó.
Castillo señaló que diversas fuerzas políticas ya incorporan personas con actividad minera informal o ilegal entre sus filas, convirtiendo este sector en un actor capaz de acumular poder, obtener curules y proyectarse incluso al Senado, especialmente en regiones donde la minería ilegal tiene fuerte presencia.
Remarcó que la falta de presupuesto y de capacidad institucional vuelve prácticamente inviable cualquier proceso serio de formalización, con apenas 250 millones de soles asignados al subsector minería dentro de un presupuesto nacional de más de 260 mil millones, los recursos no alcanzan ni para sostener adecuadamente la planilla técnica.
“La minería ilegal avanza hacia convertirse en un actor político decisivo para el 2026, con espacio para captar representación regional y nacional. Frente a este panorama, el desafío inmediato del gobierno de transición es asegurar estabilidad y evitar que la consolidación de la ilegalidad comprometa aún más el rumbo institucional del país”, puntualizó.
Fuente: RCR