Matilde Cobeñas, representante de la Defensoría del Pueblo, expresa con motivo de la “Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente” que Estado no cumple con realizar el Plan Intersectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
El seguimiento que realiza la Defensoría del Pueblo para que el Estado cumpla con realizar el Plan Intersectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes corre el riesgo de desaparecer debido a que el Gobierno ha reducido el presupuesto destinado para esa función, advirtió Matilde Cobeñas, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, con motivo de la “Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente”.
“El seguimiento que la Defensoría realiza al problema del embarazo está en riesgo porque el Gobierno ha reducido el presupuesto para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas de ocho a dos millones de soles”, remarcó la funcionaria.
Cobeñas reiteró su preocupación por esa medida del Gobierno al considerar que la Defensoría del Pueblo necesita seguir supervisando el cumplimiento de las funciones de las entidades del Estado para prevenir el embarazo adolescente e infantil. “La Defensoría debe verificar que no haya más embarazo de adolescentes y niñas, y que además este embarazo no sea producto de la violencia sexual. Estamos a 30 años de conmemorar la suscripción del Perú a la convención de los derechos del niño y el país no ha avanzado mucho”, dijo.
Lamentó que según cifras oficiales el embarazo en adolescentes no se reduce desde hace 20 años y afecta al 12.6% de adolescentes de 15 a 19 años. “Esto es un problema de salud pública porque un embarazo a muy corta edad puede poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres adolescentes, incluso hay mujeres niñas que han sido madres o están embarazadas”, indicó.
“Esta situación en una niña o una adolescente limita seriamente sus derechos no solo a estudiar sino también a una vida libre de violencia cuando este embarazo es producto de una violación. La Defensoría del Pueblo está viendo esta problemática del embarazo y la violencia y recomienda y exige a todos los niveles de Gobierno que cumplan con sus compromisos y obligaciones”, subrayó.
Estado no cumple con Plan Intersectorial
Cobeñas informó que el Plan Intersectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes prácticamente no se cumple. “Esto afecta a las adolescentes de menos recursos económicos. Todas las que han sido madres o están embarazadas tienen estudios primarios y es casi imposible que continúen con sus estudios, porque van a tener la necesidad de trabajar”, anotó.
“Esta política pública no se cumple por falta de voluntad política y desconocimiento del tema. A veces se piensa que el Ministerio de Salud es el único que tiene ese compromiso, pero no es así. También tienen compromisos otros sectores del Gobierno como el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales”, explicó.
Recalcó que la Defensoría del Pueblo ha recomendado que los gobiernos regionales de la Selva (donde hay un alto índice de embarazo adolescente) destinen un presupuesto para elaborar materiales de difusión e implementación de estrategias de difusión y promocionar los servicios de salud diferenciados para la atención integral del adolescente.
Los servicios de salud diferenciados no tienen los ambientes exclusivos que se necesitan, no hay personal capacitado y tampoco hay una señalización para que los adolescentes sepan donde pedir atención. Otro problema es que cuando los adolescentes quieren pedir información, consejería o métodos anticonceptivos les exigen que vayan con sus padres, pero a esa edad ningún adolescente quiere ir acompañado de su padre o su madre. Entonces, les ponen una barrera para acceder a información y a métodos anticonceptivos cuando ellos tienen derecho a la salud sexual y reproductiva.
Loreto registra más casos
La representante de la Defensoría del Pueblo informó que en Loreto la sociedad civil está impulsando un proyecto de prevención del embarazo adolescente, porque desde hace muchos años esta región tiene el más alto índice de embarazos en adolescentes. “En las regiones que se registra mayor porcentaje son: Loreto (32%), San Martín (23%), Amazonas (21,2%), Ucayali (20,2%), y Cajamarca (19,9%) tienen los mayores índices, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2018”, dijo.
Precisó que en las zonas rurales más pobres se concentran los casos de embarazo adolescente. “En el área rural el 22,7% de las adolescentes ya son madres o han estado embarazadas alguna vez. Y, según cifras del Reniec, de enero a diciembre del 2018 se han registrado 2325 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 14 años”, detalló.
“En los viajes itinerantes que hemos realizado a Cajamarca y Huánuco hemos encontrado adolescentes que han sido violentadas sexualmente por sus docentes o sus familiares. Hemos tenido que denunciar estos hechos ante el Ministerio Público y las autoridades, porque las víctimas no denuncian debido a barreras culturales”, anotó.
Reveló también que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) ha registrado casos de niñas madres. “En el 2018, se han registrado 2 mil 325 nacimientos de madres adolescentes de edades entre 12 y 14 años, pero también 19 nacimientos de madres niñas de edades entre nueve y once años producto de la violencia”, explicó.
“La violencia se ha naturalizado en la sociedad, en los hogares y en las escuelas, no son espacios seguros para las niñas y adolescentes. Esto no debería pasar y hay que trabajar en ello. El Estado con los gobiernos regionales y locales y la propia sociedad. No podemos permitir que una niña o una adolescente sea violentada y vea frustrado su proyecto de vida”, finalizó.
Fuente: Red de Comunicación Regional.