Ronald Mendoza Malaver, Fiscal Provincial en Materia Ambiental en Cajamarca, informó que hay un avance de la actividad minera ilegal en la región al precisar que en los últimos meses se han realizado hasta 60 intervenciones en las provincias de Hualgayoc y Celendín. Explicó que a la Dirección Regional de Energía y Minas le compete paralizar las actividades de la minería ilegal, pero no cuenta con ejecutores coactivos ni la logística necesaria para cumplir esa función.
“Al momento no podríamos referirnos a algunas actividades que son muy graves, pero la presencia de mineros ilegales está en aumento. No tenemos todavía reportado actividades como son trata de personas y explotación de menores”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Agregó que se han realizado de 50 a 60 intervenciones. “En la zona de Sorochuco hay actividad minera ilegal que se está combatiendo. En Algamarca la mayor parte de actividad es informal, pero hay algunos puntos en los cuales sí hay mineros ilegales. En la zona de Hualgayoc estamos con la incidencia de carbón de piedra y también de minerales polimetálicos, también hay actividad minera ilegal y eso es lo que se está combatiendo”, indicó.
Remarcó que la minería ilegal atrae a delincuentes que pueden generar actividades de extorsión y secuestros, que es lo que se ha sucedido hasta inicios de este año en la zona. “La zona de Algamarca tienen una asociación que conjuntamente con la empresa minera Shauindo, realizan cierto control del producto que sale y esa es una parte del trabajo que hacen también los comuneros de la zona. La policía también trabaja en eso y realiza sus actividades propias de su función”, afirmó.
Señaló que la fiscalía ambiental no tiene la competencia para paralizar las actividades de minería ilegal. “Nosotros no tenemos la competencia para paralizar actividad. Por ejemplo, interviene el personal policial una actividad minera ilegal, incauta los bienes, se detiene a las personas, se le cita para declarar, pero como quedan en zonas lejanas, nadie nos garantiza de que vuelvan otras personas al mismo lugar a realizar las actividades”, expresó.
“En ese sentido, la Dirección Regional de Energía y Minas, una vez que identifica a estas personas, les ordena administrativamente paralizar actividades, pero no tienen la manera como ejecutar esa medida, no tienen un ejecutor coactivo que pueda generar una medida definitiva de llenar un socavón para que otras personas no puedan ingresar. No tienen esa posibilidad porque les corresponde administrativamente a la Dirección Regional de Energía y Minas para realizar esas actividades”, apuntó.
Precisó que el Distrito Fiscal de Cajamarca tiene a cargo las provincias de Cajabamba, Contumazá, San Marcos, Celendín, Cajamarca, Santa Cruz, Chota, Hualgayoc, San Miguel y el distrito también de Bolívar que corresponde a la región La Libertad. “Nosotros conjuntamente con la Dirección Regional salimos a hacer las diligencias de contratación. Sin embargo, esta jurisdicción no coincide con la jurisdicción que tienen ellos en toda la región Cajamarca”, subrayó.