El panorama de la seguridad nacional en el Perú enfrenta un desafío sin precedentes, donde la economía criminal ha comenzado a superar las barreras del control estatal. José Luis Gil Becerra, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, ha puesto en el centro del debate una cifra alarmante: los 12 mil millones de dólares que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), moviliza la minería ilegal anualmente. Para el experto, este dinero no es solo una pérdida fiscal, sino el motor de una maquinaria diseñada para someter al Estado.
Gil Becerra fue enfático al señalar que la minería ilegal ha dejado de ser una actividad de subsistencia para convertirse en un conglomerado criminal que «distorsiona la economía y genera riqueza ilegal».
Según explicó, este flujo de capital no beneficia al país ni a sus ciudadanos, sino que se reinvierte en fortalecer la infraestructura de las organizaciones delictivas, permitiéndoles operar con una logística superior a la de años anteriores.
«La minería ilegal no solo es para volver millonarios a unos cuantos, sino que además destruye la economía del país», manifestó a Red de Comunicación Regional (RCR).
La captura del poder político
El aspecto más sombrío de su análisis radica en la capacidad de penetración del dinero sucio en la política peruana. Gil advirtió que el excedente de estos 12 mil millones de dólares otorga a las mafias un poder de corrupción «mucho más eficiente» sobre las autoridades actuales y futuras. El exdirector de Inteligencia alertó que este capital tiene el potencial de no solo financiar campañas electorales, sino de «poner a todas las autoridades que quiera», creando un ciclo de impunidad donde el funcionario se convierte en un activo más de la organización criminal.
Al describir la minería ilegal como la «punta del iceberg criminal», Gil Becerra recordó que tras esta actividad se esconden otros delitos conexos que desangran al país. Ante esta realidad, sostuvo que la lucha debe dejar de ser un esfuerzo aislado de la Policía o el Ejército para convertirse en una estrategia multisectorial y, sobre todo, transversal a las ideologías.
Para el experto, el avance del crimen generado por la minería ilegal es una amenaza ciega que «tocará las puertas de derechas, izquierdas y centros». Gil hizo un llamado urgente a que todos los sectores se pongan de acuerdo para frenar lo que considera un «camino lamentable». «A todos nos va a tocar, porque alienta el crimen», concluyó, subrayando que la estabilidad democrática del Perú pende de un hilo financiado por el oro ilegal.
Fuente: Red de Comunicación Regional – RCR