El exministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, consideró que no fue muy transparente la forma como la entidad estatal Perú Petro entregó directamente en concesión tres lotes de hidrocarburos a PETROPERÚ, medida que ha sido revertida.
En el programa Integrando Perú, de RCR, señaló que, ante la decisión de convocar a una licitación internacional para la concesión de los tres lotes en el norte del país, el encargo a PETROPERÚ para que los administre solo debe durar un año y no prolongarse de manera indefinida.
Gálvez señaló que el problema de PETROPERÚ es que se le han entregado encargos que no ha podido manejar y mencionó la gestión del oleoducto norperuano que ha tenido problemas por situaciones sociales y sabotajes. También indicó que se ordenó trabajar en lugares donde otros operadores no quieren ir.
“Hemos querido que sea una empresa que tenga una función social como país, pero no le hemos dado recursos y se embarcó en una refinería que resultó costando carísimo, y que se la financió todo al crédito, sin ningún aporte de capital”, comentó el exministro al recomendar el reforzamiento de PETROPERÚ para después abrirse al capital privado.
La minería es uno de los grandes motores de crecimiento del país
En otro tema, el exministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, mencionó que la minería ha sido y es actualmente uno de los grandes motores del crecimiento económico del país. “El Perú no se puede dar el lujo de perder este motor, sería suicida y nos condenaría a ser un país pobre”, advirtió.
El exfuncionario dijo que los grupos que se oponen a la extracción de recursos naturales “viven una fantasía”, al creer que el Perú se convertirá en un centro tecnológico como Silicon Valley si las minas son clausuradas.
“No vamos a convertirnos en un país lleno de innovadores y de alta tecnología porque cerremos nuestras minas. Solo nos vamos a convertir en más pobres”, manifestó.
Gálvez consideró que el país debe resolver seis problemas para que haya un desarrollo minero sano: la conflictividad social, los excesivos trámites para obtener permisos, el mal uso de los recursos del canon y las regalías mineras, la minería ilegal, la ideología de algunas organizaciones no gubernamentales antimineras y la debilidad de la gestión social de las empresas mineras.