Manuel Jesús Bustamante, médico y excongresista de la República, indica que “crisis política es una pelea entre quién manda a quién dentro de la corrupción”.
El presidente Martín Vizcarra va a tener que responder ante el nuevo Congreso por el cierre ilegal el Congreso y ante el Poder Judicial por el caso Chincheros y otras denuncias relacionadas con el caso Lava Jato, sostuvo Manuel Jesús Bustamante, médico y excongresista de la República.
“Es un golpe de Estado atípico porque se ha dado con un decreto supremo que disuelve el Congreso argumentando una denegación fáctica de la cuestión de confianza. Eso no está escrito en la Constitución, no existe el término constitucional de ‘denegación fáctica’. Lo que dice la Constitución es que el Congreso vota la cuestión de confianza a favor o en contra”, dijo.
Consideró que “aquí hay una pelea entre quién manda más o quién manda a quién dentro de la corrupción, porque hay casos de corrupción que comprometerían a Vizcarra (el caso Chincheros, el caso de su hermano). En ese caso, la pelea es entre el poder Ejecutivo encabezado por Vizcarra y el poder Legislativo encabezado por los fujia-apristas”.
“Lamentablemente el 2016 el pueblo se equivocó al votar por una mayoría en el Congreso que defiende a los corruptos. Estos hechos han conducido a que de alguna forma el más y menos corrupto pretenda utilizar el término de anticorrupción y la población lo aplaude”, remarcó.
Enfatizó que “el Perú está en una situación límite de la corrupción, donde la corrupción manda en el país”. “El Congreso que ha sido disuelto defendía a la corrupción y por eso la población ha salido a las calles en apoyo a Vizcarra, pero Vizcarra va a tener que responder por el caso Chincheros y por el dinero que habría recibido su hermano por parte de Odebrecht”, precisó.
Bustamante dijo que el presidente Martín Vizcarra va a tener que trabajar duro para disminuir su condena y no vaya a la cárcel por muchos años cuando deje su mandato. “Va a tener que llevar a cabo de manera óptima la reconstrucción del Norte, equipar adecuadamente los grandes hospitales, resolver el problema de la seguridad ciudadana, entre otros problemas pendientes de resolver”, precisó.
“Lo que ayuda a Vizcarra es que ha fijado una fecha para las elecciones que es el 26 de enero del próximo año. Existe una infracción constitucional que el nuevo Congreso va a tener que investigar y resolver a favor o en contra de Vizcarra”, comentó.
También comentó que “esta crisis política ha tocado el bolsillo de la gente a diferencia de casos anteriores de corrupción como el caso del expresidente Alejandro Toledo. Ahora la gente se queja en los mercados, se queja porque no hay liquidez, no hay trabajo, y quién se arriesga en invertir ante esta situación. El empresario ya no se arriesga y lleva su plata a otros países con garantía”.
Red de Comunicación Regional.