Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señaló que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera constituye a un fracaso que contradice cualquier proceso a la formalidad y promueve la minería ilegal. Además, precisó que deja abierta la posibilidad de injerencia de economías ilegales en las próximas campañas electorales.
“Se ha aprobado la prórroga del Reinfo hasta fines del año 2027 sabiendo que es un fracaso por ser contradictorio a cualquier proceso de formalización y contrarios a leyes vigentes, más aún cuando sabemos que tanto el Tribunal Constitucional como la Comunidad Andina, nos han señalado que ha promovido la minería ilegal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la ampliación del REINFO se da en un contexto electoral y sin avances técnicos para implementar una verdadera ley de pequeña minería y minería artesanal. En ese sentido, alertó que existe el riesgo de que economías ilegales influyan en el proceso electoral, dado que ciertos sectores políticos han impulsado esta prolongación.
“Reiteramos la importancia de establecer un pacto que garantice que la financiación de campañas provenga únicamente de recursos lícitos, porque el verdadero camino para promover la pequeña minería formal pasa por reglas claras, fiscalización efectiva, trazabilidad, seguridad ambiental y laboral, y una política firme contra la ilegalidad”, enfatizó.
Grossheim sostuvo que el país enfrenta un problema estructural, ya que casi no existen sentencias firmes por minería ilegal debido a la dificultad de probar el daño ambiental y la falta de recursos para investigaciones y fiscalización. Mencionó que esa situación ha permitido que operadores informales e ilegales se mantengan activos, comercialicen y alquilen el REINFO.
“Es evidente cómo se utiliza o mal utiliza el REINFO ante la falta de trazabilidad y fiscalización pese a la existencia de un decreto supremo del Ministerio de Energías y Minas que declara exactamente dónde se realizan esas labores. Además, es difícil probar el daño ambiental individualizado, y esto ha llevado que haya muy pocas sentencias y pocos recursos para hacer estos procesos”, expresó.
Remarcó que otro aspecto que genera preocupación es el silencio del Ejecutivo, puesto que al momento ni el presidente de la República ni el Ministerio de Energía y Minas han fijado una posición respecto al dictamen, pese a que el tema es clave para la seguridad jurídica, la protección ambiental y la estabilidad de las inversiones.
“El Gobierno deberá decidir si observa o respalda el proyecto una vez que el Pleno lo apruebe, pero las consecuencias de avalarlo serían un gran retroceso, y que permitiría la expansión de la minería ilegal en regiones donde el Estado ya tiene presencia limitada, si realmente queremos ordenar al sector de la pequeña minería y minería artesanal, necesitamos reglas claras”, subrayó.
Fuente: RCR