Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Fernando Elí Valdez Nolasco, cuestionó también que el Estado “haya dejado solas” a las empresas, en su tarea de acompañar la realización de los proyectos de inversión y la información correspondiente a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los emprendimientos mineros.
La inversión del sector minero nacional, que asciende a seis mil 157 millones de dólares, al cierre del 2019, resulta insuficiente y “pudo haber alcanzado un mejor resultado, denunció el miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Fernando Elí Valdez Nolasco.
“Se pudo alcanzar (un) mejor (indicador). Este resultado de seis mil 157 millones de dólares representa un 24.5 por ciento más que el 2018. Pese a todos los conflictos que hemos tenido y los proyectos que no han salido, se ha tenido esta cifra. Entonces, esta cifra tranquilamente pudo haberse incrementado”, subrayó.
En ese sentido, precisó que la maduración de un proyecto minero “toma años, y no se produce de la noche a la mañana.
“Quellaveco viene trabajando desde hace muchos años, y es una inversión de cinco mil 300 millones de dólares. Mina Justa, con mil 600 millones de dólares está trabajando, pero también ha tenido un proceso de maduración largo, que involucra a la tramitología. Entonces, eso toma tiempo”, anotó.
“Tramitología” es factor principal de entrampamiento de proyectos de inversión minera.
Por ello, ratificó que la denominada “tramitología” o conjunto de trámites burocráticos establecidos por la legislación, es el factor principal del entrampamiento y falta de concreción de los proyectos de inversión minera en el país.
“Uno es la tramitología: los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los permisos, las ampliaciones, toman tiempo. En una presentación que se hizo en PERUMIN, el año pasado, (se determinó que) el proyecto de maduración, desde la exploración hasta que esté puesto en marcha, toma doce años. Y en gran parte de ello es por el tema de la tramitología. Y, en doce años, el concepto económico cambia… Y nos hace perder competitividad en América Latina”, enfatizó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Valdez cuestionó también que el Estado “haya dejado solas” a las empresas, en su tarea de acompañar la realización de los proyectos de inversión y la información correspondiente a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los emprendimientos mineros.
“El problema es que a las empresas las dejan solas para ver el tema social, cuando debería irse acompañada directamente por el Estado… Es la falta de presencia. Un factor importante es que la minería es un elemento descentralizador, y las minas no están cerca. Mayormente, las minas están distantes y en lugares donde no hay presencia del Estado”, puntualizó.
En ese sentido, consideró que debe corregirse las sobre expectativas de la población frente a la actividad minera, al indicar que la primera generalmente confunde el rol de la segunda con las responsabilidades del Estado.
“Y aquí tenemos un dato importante. Se ha aprobado un adelanto del canon, y hay diez regiones con mayor distribución por concepto de canon minero, en el 2019… Y de esas regiones, la provincia que más va a recibir es, por ejemplo, Mariscal Nieto, de Moquegua, con 47 millones (de soles). Y de esas provincias, el distrito que más ha recibido es San Marcos (Ancash), con 158 millones: Entonces, dinero hay. Sino que hay que canalizar (bien) ese dinero, para tener un buen gasto en el desarrollo de las comunidades aledañas de impacto directo”, aseveró.
Conflictividad social en el Sur “afecta tremendamente” confianza-país
El magister en Administración Estratégica de Negocios de CENTRUM-Católica advirtió igualmente que la agudización de la conflictividad social en toda la macrorregión Sur del país causa una “tremenda afectación” al nivel de confianza-país, entre los inversionistas nacionales y extranjeros, al tiempo de indicar que el impacto de la paralización de un proyecto minero perjudica negativamente, hasta en siete veces, a la economía nacional, con la consiguiente pérdida de competitividad a nivel internacional.
“(Afecta) tremendamente. Porque recordemos que el movimiento en el corredor minero es fuerte… Y allí las reglas no están claras y hay mucha expectativa de las comunidades. Entonces, el Estado debería de hacer un proceso de comunicación adecuado con la gente, para que entienda que no es solamente bloquear (la vía)… El Estado tiene que jugar un rol importante en informar a la población adecuadamente”, recalcó.
En otro momento, Valdez estimó que la epidemia del coronavirus, desatada en China, ha agravado el panorama mundial de la inversión minera.
“El tema del coronavirus ha sido un agravante porque, anterior a eso, China comenzó también con el tema de las regulaciones ambientales. Entonces, al estar en regulaciones ambientales han subido sus maquilas. Eso ha hecho que las empresas que producen mineral tengan que mejorar sus costos, para poder acceder a un tratamiento”, concluyó.
Fuente: Red de Comunicación Regional – RCR.